Dos sindicatos internacionales radicaron hoy ante la corte federal su objeción al acuerdo entre el gobierno y bonistas de la Corporación del Fondo del Interés Apremiante (Cofina), catalogándolo como uno que “reproduce las mismas prácticas imprudentes que llevaron a Puerto Rico a la crisis financiera que hoy vivimos”.
La Service Employees Internacional Union (SEIU) y la United Auto Workers (UAW) cuyas uniones locales representan sobre 30 mil trabajadores en la Isla, solicitaron a la corte federal que deniegue la moción del gobierno para que se valide la negociación de la Junta de Control Fiscal con los bonistas, ya que la misma “haría virtualmente imposible la recuperación financiera de Puerto Rico».
El recurso fue radicado ante la sala de la jueza Laura Taylor Swain que atiende los casos de quiebra presentados por la Junta a nombre del gobierno de Puerto Rico y que invocan el Título III de la Ley Promesa.
La objeción de los sindicatos solicita a la jueza que no valide la negociación llevada a cabo por la JCF, aprobada por la mayoría parlamentaria y sancionada por el gobierno de Ricardo Rosselló.
Según Roberto Pagán, presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT) y vicepresidente de SEIU, «el acuerdo establece que los pagos de bonos atrasados continuarían pendientes acumulando intereses, lo que obligaría al gobierno a utilizar el IVU de otros años para pagar el déficit. Esto podría significar que el IVU seguiría fluyendo a COFINA incluso después del año fiscal 2058”.
Pagán indicó que de aprobarse este acuerdo, “se empeñarían generaciones de puertorriqueños condenándoles a la indigencia y a la imposibilidad de desarrollar una economía productiva y exitosa”.
El acuerdo impugnado también congela los bonos de COFINA y bloquea por 10 años la capacidad del gobierno de forzar un refinanciamiento favorable para Puerto Rico.
“Este acuerdo incluso permitiría al gobierno emitir más bonos de COFINA con vencimientos más allá de la limitación constitucional máxima de 40 años. En otras palabras, se valida la deuda postergándola, lo que va en contra de la recomendación contenida en el informe del bufete Kobre y Kim comisionado por la propia Junta”, precisó Pagán.
“Para colmo de males, el acuerdo estipula que es el gobierno de Puerto Rico el que pagará los costos de abogados y analistas contratados por los bonistas para negociar este acuerdo”, añadió el líder sindical.
Pagán finalmente insistió en que sus declaraciones las hacía a nombre de la SEIU, y no de otro comité u organismo en el que participe su organización dentro o fuera del proceso de Título III.
