El secretario general Mariano Moreno advierte que el Gobierno desmanteló 4 unidades de certificación, seguimiento y control.
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, denunció que el Gobierno, a través de una resolución de la Secretaría de Bioeconomía, comandada por Luis Caputo, desmanteló 4 unidades de certificación, seguimiento y control de la producción pesquera.
«La derogación de 12 normas, que no generaban ningún costo al Estado, atenta contra la sostenibilidad de las especies. Una batería de derogaciones vuelve a embestir a la pesca argentina», señaló en un comunicado.
El secretario general Mariano Moreno aseguró que «los trabajadores son los primeros en levantar la voz para defender el recurso natural y, por ende, las fuentes laborales y las empresas que las generan.
Asimismo, remarcó: «No se puede ir contra una reglamentación que no hace más que cuidar el recurso, y que ha posicionado a la Argentina como uno de los productores de mariscos más importantes y avanzados del mundo. No tiene lógica».
«Si al gobierno esto le genera pérdidas, que lo explique, pero para los trabajadores es una nueva embestida al sector, y van por lo que no lograron con la Ley de Bases: la apertura indiscriminada del mar argentino a buques de terceras banderas con el consabido saqueo de los recursos naturales», agregó Moreno.
Entre las normas derogadas se encuentran 11 resoluciones de la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y una disposición de la Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios, perteneciente a la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Por otro lado, el Capitán denunció que, en paralelo a esta desregulación, el gobierno intervino en el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) con la designación de Gonzalo Eduardo Bacigalupo al frente de esta importante institución científica.
«Es una intervención encubierta porque designaron a un trader de pescado, violando el artículo cuarto de la Ley 21673 que crea el organismo, que es muy clara: el director debe ser un profesional con título universitario en alguna disciplina vinculada con las ciencias del mar», apuntó Moreno.
La principal preocupación gira en torno a la eliminación de cuatro entes clave para la administración del sector pesquero, como la Unidad de Certificación de Capturas y Exportaciones, la Unidad de Coordinación Pesquera, la Unidad de Seguimientos Especiales Pesqueros y la Unidad de Ingresos al FONAPE.
El Gobierno argumenta que la modificación responde a las nuevas políticas públicas delineadas para un reordenamiento integral de la producción en general, respaldándose en el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023. Según indicaron, los cambios buscan simplificar y hacer más razonables los procesos, para mejorar la operatividad del sector. También catalogaron de obsoleto el trabajo de informar y controlar la trazabilidad de la producción, con la idea de eliminar trabas e impedimentos para agilizar los trámites.
En ese sentido, Moreno aseguró: «Los trabajadores vamos a pedir que se revea esta situación, porque va en contra de los intereses del Estado mismo, y vamos a exigir que no se innove con las designaciones y las derogaciones».
«En un tiempo vamos a tener agua vacía, sin el recurso natural para trabajar», advirtió el sindicalista.
