SUPARA pidió al gobierno «sensatez y diálogo».
El Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA) lleva a cabo un plan de lucha contra los despedidos en el sector.
La entidad que conduce Carlos Sueiro realizó el pasado viernes un plenario nacional de delegados dónde resolvió mantener el estado de alerta permanente y facultar a la conducción del gremio «a llevar a cabo todas las medidas, acciones directas y judiciales necesarias, ante el eventual avance del conflicto».
La organización emitió un comunicado en el que exige «sensatez, responsabilidad y diálogo» al Ejecutivo tras las medidas que buscan «flexibilizar y agilizar el comercio exterior».
Además, advirtió que estos cambios podrían comprometer los controles que históricamente realiza el servicio aduanero, generando un «clima de preocupación» entre sus afiliados.
SUPARA remarcó que la decisión del gobierno de Javier Milei, «amenaza con desestabilizar los controles que históricamente ha ejercido el servicio aduanero, generando en consecuencia un clima de preocupación para esta organización gremial y los trabajadores”, subraya el texto.
La entidad explicó que «la reciente disolución de la AFIP, pre anunciada por el vocero de prensa del gobierno, y posteriormente concretada el lunes pasado, fue una nueva decisión que generó un clima de incertidumbre y significó un preocupante avance sobre el funcionamiento del organismo y la estabilidad laboral de los trabajadores/as».
Según la organización, la amenaza de desvinculación de 3.115 empleados ingresados durante la gestión anterior ha sido interpretada como una «persecución política».
También señaló que la medida «pulveriza la estabilidad laboral, los derechos consagrados en nuestro convenio colectivo de trabajo y la integridad de los trabajadores, comprometiendo seriamente el sostenimiento de sus familias».
El sindicato destacó la unidad de sus trabajadores y la atención que sus medidas de fuerza han captado en el Gobierno nacional, el cual se ha visto obligado a abrir un espacio de diálogo tras las acciones gremiales. Asimismo, valoró la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que impuso una conciliación obligatoria luego del paro convocado el pasado 30 de octubre, considerándola una «oportunidad para abordar el conflicto de manera constructiva».
