Según fuentes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) el desempleo se aceleró en marzo con una caída cercana al 200% respecto al mes anterior.
Desde el Gobierno presentaron un Plan de Primer Empleo (PPE) para jóvenes de 18 a 24 años con el objetivo de generar puestos de trabajo y formalizar empleos. Sin embargo especialistas en el tema indican que “el diagnóstico sobre la realidad del empleo es errado como también los instrumentos de política laboral que propone”.
Según los datos oficiales, el empleo creció un 0,5 por ciento en el mes de febrero para el total del país y un 0,4 por ciento en enero-marzo para el interior. Sin embargo, fuentes con acceso a los datos del SIPA argumentan que la publicación de estos datos fragmentarios responde a un recorte intencionado para ocultar la destrucción casi ininterrumpida del empleo desde diciembre a la actualidad.
Juan Manuel Ottaviano integrante de la Usina de Estudios Políticos Laborales y Sociales (UEPLaS) explicó en Página 12 que “la propuesta del PPE se basa tanto en un diagnóstico erróneo sobre la situación del empleo heredada del kirchnerismo, como en una representación engañosa de la crisis laboral generada por las políticas implementadas desde diciembre”.
Según datos del Ministerio de Trabajo, entre 2003 y 2014, se crearon 300 mil nuevos puestos de trabajo en la franja joven y el trabajo registrado creció en un 77% en ese segmento. Además el número de jóvenes con empleo formal es el mayor desde 1998. Esto también fue confirmado por la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
En este marco Ottaviano indicó que desde el Gobierno los únicos dos datos oficiales que publicaron “corresponden a estimaciones mensuales de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) para meses aislados y áreas diferentes”.
“El PPE no es una política de empleo sino otra medida más de transferencia regresiva del ingreso”, afirma Ottaviano y agrega que “con la reducción de contribuciones patronales, el PPE propone una transferencia de recursos: mientras ofrece a las empresas beneficios para financiar hasta un 30 % del salario de sus trabajadores desfinanciando el Tesoro, los ciudadanos más vulnerables reciben una devolución indirecta del IVA por consumos de la canasta básica con un tope de 300 pesos”.
En la década del 90` la reducción de aportes por parte de las empresas no contribuyó a las generación de empleo y desfinanció al Estado. En este marco desde la OIT explicaron que “los programas de este tipo son los menos efectivos desde punto de vista del análisis de las trayectorias posteriores de sus beneficiarios”.
“El PPE reproduce lo que este gobierno mejor sabe hacer: darles dinero a los que más tienen”, concluye Ottaviano.
