Los médicos de cabecera iniciaron este lunes un cese de actividades por 72 horas en rechazo a una resolución que les recorta los ingresos hasta a la mitad. Al mismo tiempo, empleados de la sede central denuncian el desmantelamiento de áreas de control, las farmacias alertan por falta de pago y los jubilados convocan a movilizarse al Congreso.
Los médicos de cabecera de PAMI, agrupados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), iniciaron este lunes un paro de 72 horas en todo el país. La medida, que contó con el respaldo de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) y fue notificada formalmente a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, expresa el rechazo al nuevo esquema de remuneración fijado por la Resolución 1107/2026. La normativa fue aplicada con carácter retroactivo al 1° de abril y sin consulta previa al sector, lo que generó un fuerte malestar entre los profesionales.
El núcleo del conflicto está en un cambio de modelo de pago. Hasta ahora, los médicos de cabecera cobraban a través de un sistema mixto que incluía un monto fijo por cápita más adicionales por consultas, visitas domiciliarias y formación profesional. La nueva normativa reemplazó ese esquema por uno exclusivamente capitado: PAMI elevó el valor por paciente de $900 a $2.100 mensuales, pero eliminó todos los conceptos adicionales. Para los profesionales, esa operación aritmética no cierra. Un médico que tenía 400 afiliados y percibía alrededor de $1.650.000 mensuales pasaría a cobrar unos $840.000 con el nuevo sistema, prácticamente la mitad. Desde APPAMIA también advirtieron que el esquema no contempla ningún tope de atenciones: si un mismo paciente concurre al consultorio ocho veces en un mes, el profesional sigue cobrando $2.100 en total, sin importar la carga de trabajo real.
El PAMI, por su parte, defendió la medida y aseguró que no se trata de un ajuste sino de una unificación del nomenclador. Como ejemplo, el organismo señaló que un médico con 800 afiliados pasó de percibir $756.800 a $1.680.000, lo que representaría un incremento del 121% en el ingreso fijo. Los médicos rechazan esa lectura. Desde APPAMIA sostienen que se trata de un recorte encubierto, ya que el aparente aumento de la cápita viene acompañado de la eliminación de herramientas de ingreso clave: la consulta presencial deja de reconocerse por prestación, varias prácticas quedan absorbidas en el pago fijo y desaparece el incentivo económico a la formación de posgrado.
Las retribuciones del sector no se actualizaban desde octubre de 2025, pese a un incremento estimado del 17% en los costos. En ese contexto, el conflicto también incluye denuncias por cesantías: según el sindicato, algunos profesionales habrían sido desvinculados sin causa como represalia por reclamos previos, y se exige su reincorporación en las condiciones originales.
El paro no es el único frente abierto. Días atrás, trabajadores de la sede central del PAMI realizaron un «ruidazo» y asambleas para denunciar el desmantelamiento de la Gerencia de Auditoría Prestacional (GAP), el área encargada de controlar las infraestructuras edilicias y sanitarias de la obra social. En el marco de esas asambleas, el propio gerente del área, Damián González, afirmó que el Gobierno nacional tiene intenciones de privatizar el PAMI, declaración que encendió aún más los ánimos en el interior del organismo. Los cánticos de los empleados, que exigían a las autoridades que se fueran, se viralizaron en las redes sociales.
La crisis se completa con una deuda acumulada que presiona sobre toda la cadena de prestaciones. Según fuentes del sector, el PAMI acumula una deuda de 500.000 millones de pesos con sus prestadores privados, entre clínicas, laboratorios, médicos y farmacias. Estas últimas ya pusieron carteles en sus locales advirtiendo a los afiliados que debido al atraso en los pagos, la dispensa de medicamentos queda sujeta al stock disponible. La Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) intimó fehacientemente al organismo mediante carta documento, aunque por el momento sostiene la prestación. APPAMIA también denunció deudas pendientes por prestaciones odontológicas realizadas en enero y febrero, y falta de reintegros por prótesis desde diciembre de 2025.
Ante este panorama de acumulación de conflictos, el Plenario de Trabajadores Jubilados convocó para este miércoles a una concentración en la sede central del PAMI, en Avenida Corrientes 655, donde realizarán una olla popular y darán una conferencia de prensa para reclamar por la falta de medicamentos e insumos gratuitos. Por la tarde, la movilización continuará hacia el Congreso. La situación también escaló al plano legislativo: la senadora cordobesa Alejandra Vigo presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la situación del organismo ante el corte de prestaciones médicas.
La tensión dentro del propio gabinete nacional ya es pública. Sandra Pettovello salió a aclarar que el Ministerio de Capital Humano no tiene responsabilidad sobre el PAMI, señalando que la obra social depende del Ministerio de Salud y derivando así la presión sobre Mario Lugones. Mientras tanto, si el PAMI no da marcha atrás con el nuevo esquema, APPAMIA advirtió que continuará con un cese de actividades por tiempo indeterminado una vez vencido el paro de 72 horas.
