En vísperas del paro general del próximo 10 de abril, la Confederación General del Trabajo (CGT) logró sumar a 40 gremios a la medida de fuerza, en rechazo a la gestión del presidente Javier Milei.
En una demostración de poder de convocatoria, la central obrera participará además de la movilización de los jubilados, que el 9 de abril, como cada miércoles, marcharán para reclamar por pensiones dignas.
De acuerdo con Perfil, más de cuarenta gremios confirmaron su adhesión a la convocatoria de la CGT. Se trata de una lista conformada por los gremios aeronáuticos, bancarios, de la educación, marítimos y, fundamentalmente, ferroviarios y colectiveros, claves para que la medida de fuerza tenga potencia.
Había dudas de la adhesión a la medida de fuerza por parte de la UTA (Unión Tranviarios Automotor) que conduce Roberto Fernández, que se ha mostrado alineada al gobierno de Milei al inicio de la gestión. Sin embargo, la falta de acuerdos salariales con las Cámaras empresarias, con la actitud del gobierno nacional de no homologar recomposiciones por encima de la pauta inflacionaria, empujaron al gremio a convocar a una huelga para esa semana y sumarse al paro general –la medida de fuerza del viernes, fue desactivada por la Secretaría de Trabajo que dictó una conciliación obligatoria.
Por su puesto, el techo paritario del 1% que impuso Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, fue otro motivo para que varios dirigentes sindicales se sumen a la protesta. Semejante número no permitirá que los salarios castigados por la inflación de 2024 tengan recuperación este año.
En tanto, la intervención de ocho obras sociales por parte del gobierno libertario, desde diciembre del 2023, es un poderoso incentivo al paro y la movilización de la CGT.
En este contexto explosivo, Héctor Daer, uno de los líderes del triunvirato que preside la CGT, intercambió mensajes con el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, pero descartó reuniones con el Gobierno. Y avisó que el paro no tiene vuelta atrás.
Es que la medida de fuerza se definió poco después de la salvaje represión de la marcha de jubilados e hinchas de futbol del 12 de marzo pasado, en la que un gendarme atentó contra un fotógrafo con una granada de gas lacrimógeno.
Por otra parte, los más de 40 mil despidos en el sector público encendió las alarmas de UPCN, el sindicato que nuclea a los estatales que históricamente es afín al gobierno de turno y que ahora comanda Andrés Rodríguez, uno de los integrantes de la mesa chica de la calle Azopardo e identificado con el ala de los independientes.
El gremio el año pasado fue a la Justicia para lograr reincorporaciones de empleados y realizó distintas movilizaciones, como este mes en rechazo a los más de 1.800 despidos en la Secretaría de Infancia, Adolescencia y Familia que depende del Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello, una de las carteras que despidió más personal.
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el otro gremio de estatales y que no está dentro de la CGT, se sumó a la convocatoria que hizo la central obrera de mayor relevancia del país: anunció un paro de 36 horas para el 9 y el 10 de abril.
Con una postura combativa frente a la administración de Milei, el sindicato denuncia que más de 50 mil trabajadores corren el riesgo de ser despedidos en la Administración Pública cuando finalice marzo. “Tenemos que seguir aumentando la conflictividad antes de que dejen en la Argentina solo tierra arrasada”, advirtió el combativo Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE.
