Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial protestaron contra una resolución oficial que eliminaría mil servicios clave, amenazando cientos de empleos y la soberanía tecnológica del país, en medio de temores por la transferencia de funciones a privados.
Trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) convocaron una numerosa asamblea en su sede de General San Martín, donde más de 300 profesionales, técnicos y administrativos rechazaron un proyecto administrativo que busca eliminar alrededor de mil servicios prestados a pymes e industrias nacionales. Esta iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Economía, apunta a desarticular centros de investigación y desarrollo esenciales para el organismo, lo que generaría el cierre de laboratorios completos y pondría en jaque unos 700 puestos laborales.
El referente de la multisectorial de trabajadores, Daniel Luna, alertó sobre el impacto profundo de esta medida, que abarca sectores vitales como alimentación, electrónica y construcción, y se sumaría a los ochocientos empleados ya desvinculados en meses recientes. Los empleados argumentan que el plan no solo afecta la estabilidad ocupacional, sino que compromete la seguridad pública al ceder controles de calidad de productos cotidianos, como alimentos, cementos y adhesivos, a laboratorios privados sin la imparcialidad estatal.
En la reunión, celebrada este martes, el personal aprobó por unanimidad acciones directas, incluyendo una movilización inmediata frente a la Avenida General Paz y una conferencia de prensa programada para el martes 21 de abril, con la participación de científicos, educadores y líderes sindicales. Aunque la resolución aún requiere firmas finales para publicarse, los trabajadores declararon un estado de alerta permanente y lanzaron una campaña para visibilizar cómo esta reestructuración perjudicaría a empresas usuarias y a la población en general.
Los afectados destacan que el INTI, con más de siete décadas de trayectoria, garantiza mediciones precisas en balanzas, surtidores y alcoholímetros, contribuyendo a millonarias recaudaciones fiscales que ahora podrían perderse. Esta situación se enmarca en un contexto de ajustes presupuestarios que también impactan a entidades como el INTA, intensificando las protestas por la preservación de capacidades técnicas estatales.
