Los gremios universitarios profundizan el plan de lucha con una medida de fuerza que abarca del 30 de marzo al 1° de abril, en reclamo de recomposición salarial y cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La CONADU anunció además otra semana de paro para fines de abril.
El sistema universitario público argentino vuelve a quedar paralizado esta semana. La CONADU Histórica, junto a la CTA Autónoma, confirmó un paro docente de 72 horas para los días 30 y 31 de marzo y el 1° de abril, con impacto en universidades de todo el país. La medida se encadena con el cese de actividades de la semana del 16 de marzo, que ya había interrumpido el inicio del primer cuatrimestre en todas las casas de estudio nacionales.
La CONADU, por su parte, convocó a una semana completa de paro desde el lunes 30 hasta el 3 de abril, con otra medida similar prevista para fines de ese mes, del 27 de abril al 1° de mayo. A este esquema se suma la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), que adherirá con un paro el 31 de marzo y una jornada adicional el 1° de abril, mientras que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) —que representa al personal no docente— definió un día de paro por semana para las fechas 31 de marzo y los días 8, 17 y 23 de abril.
A nivel local, varias universidades ya confirmaron acciones específicas. En la Universidad Nacional de Rosario, los docentes lanzaron un paro de una semana del 30 de marzo al 3 de abril, en línea con los reclamos nacionales. La Universidad Nacional de La Plata, en tanto, resolvió profundizar el conflicto con una medida aún más extensa: un paro del 30 de marzo al 4 de abril, sin asistencia a los lugares de trabajo.
El eje central del conflicto es la pérdida sostenida del poder adquisitivo. Según los sindicatos, los salarios docentes acumulan una caída cercana al 40% en los últimos dos años, lo que motivó el reclamo de reapertura de paritarias. A eso se suma la disputa en torno a la Ley de Financiamiento Universitario: el Gobierno nacional promulgó la norma en diciembre de 2025 pero suspendió su ejecución hasta definir nuevas fuentes de financiamiento, lo que llevó al Consejo Interuniversitario Nacional a presentar un amparo judicial. El juez federal Enrique Cormick falló a favor de los rectores y ordenó la aplicación inmediata de la ley, pero el Ejecutivo apeló la medida y presentó un nuevo proyecto que, según universidades y gremios, desvirtúa el alcance original.
Desde ADIUC expresaron su postura de manera contundente: no están dispuestos a naturalizar el trabajo precarizado y mal pago que, a su juicio, conduce al vaciamiento del sistema universitario. La propuesta oficial que circula en este marco plantea un aumento del 12% dividido en tres cuotas hasta octubre de 2026, que los sindicatos rechazan por considerarla insuficiente frente a una pérdida acumulada que estiman en el 51%.
Para el próximo miércoles 1° de abril está prevista una reunión clave que convocará a los gremios del sector público —CONADU, CONADU Histórica, FATUN, APUBA, CTERA, UDA, SADOP y AMET— con el objetivo de definir el calendario de paros para las semanas siguientes. De ese encuentro dependerá, en gran medida, si el conflicto se extiende o si se abre algún canal de negociación con el Gobierno nacional antes de que el primer cuatrimestre quede definitivamente afectado.