Las demandas apuntan a alivianar la carga de trabajo y reforzar los planes de prevención, pero las operadoras aseguran que los cambios tendrán un impacto directo sobre las inversiones y podrían derivar en despidos, justo cuando el sector estrella de la economía busca incrementar las exportaciones de gas a Chile y volver a vender petróleo liviano al mundo.
La contracara de ese desarrollo exponencial con más de 1.000 pozos en marcha serían los accidentes por el presunto relajamiento de las medidas de seguridad y las mayores exigencias de rendimiento que implica la reducción de personal de seguridad y medio ambiente en operaciones complejas, el trabajo nocturno o las tareas a mayor velocidad de viento en altura.
Estos son algunos de los puntos que incorporó el acuerdo de Vaca Muerta firmado por Macri en enero de 2017. El pacto contempló la resignación de beneficios laborales por parte de los gremios, a cambio del compromiso de inversiones por u$s5.000 millones y obras de infraestructura. El impacto se reflejó en los 7.000 empleos privados creados el año pasado en Neuquén. Pero sus costos sociales generan dudas.
En vistas de los renovados tironeos, el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, convocó este jueves a las 10.30 en la sede de Alem al 650 a la comisión de seguimiento de Vaca Muerta integrada por funcionarios, empresarios y sindicalistas, según confirmaron fuentes oficiales y privadas a iProfesional.
Esta será la primera reunión del organismo creado para resolver eventuales controversias en el marco del acuerdo de productividad, algo que nunca había ocurrido desde la suscripción de dicho convenio.
Por la parte empresaria asistirán directivos de YPF, Pan American Energy y Total, mientras que por la representación gremial lo harán el titular del sindicato de gas y petrolero privado de La Pampa, Río Negro y Neuquén, Guillermo Pereyra; y su par de jerárquicos, Manuel Arévalo. También fue invitado un representante a definir de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) encabezada por Gustavo Morón.
«Si Pereyra modifica el convenio laboral, van a querer hacer lo mismo en otras provincias», se mostró preocupado el titular de la cámara de empresas de hidrocarburos (CEPH), Carlos Seijo.
