La medida, reglamentada en conjunto por los ministerios de Capital Humano y Economía, reduce por 12 meses las contribuciones que pagan los empleadores del sector privado al contratar trabajadores vinculados a programas de empleo. El beneficio rige para incorporaciones realizadas entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2026 y excluye a quienes tengan sanciones laborales o intenten sustituir personal para aprovechar el esquema.
El Gobierno nacional puso en marcha la reglamentación del esquema que disminuye las cargas patronales para las empresas que sumen empleados a su nómina. La iniciativa busca que el sector privado incorpore trabajadores que provengan de programas sociales, educativos o de formación laboral, con el objetivo de transformar planes de asistencia en empleo formal y registrado.
Según lo dispuesto, los empleadores que contraten nuevo personal entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de diciembre de 2026 podrán acceder a una reducción de las contribuciones destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), al PAMI, al Fondo Nacional del Empleo y al Régimen Nacional de Asignaciones Familiares. El descuento será del 100% o del 50%, de acuerdo con la modalidad de contratación, y se aplicará durante un máximo de 12 meses contados desde el inicio de la relación laboral.
Para que el beneficio se concrete, la persona contratada debe haber participado en los últimos 12 meses, o estar participando al momento del alta, en políticas educativas, de formación y empleo o de intermediación laboral. Además, las empresas tienen que incrementar efectivamente su planta de trabajadores respecto de la nómina declarada antes de la incorporación.
La normativa también fija límites claros. Quedan fuera del esquema los empleadores inscriptos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) mientras permanezcan allí, quienes no aumenten su nómina real y quienes incurran en prácticas consideradas abusivas, como reemplazar empleados o disolver una firma para reconstituirla y acceder nuevamente al descuento. Cada trabajador podrá generar el beneficio una sola vez por empleador.
Este régimen se enmarca en la prórroga del programa Puente al Empleo, creado por el Decreto 551/22. Desde diciembre de 2023 hasta septiembre de 2024, ese plan facilitó la contratación de más de 5.800 personas a través de 1.300 empresas, principalmente jóvenes de 18 a 24 años que accedían a su primer empleo formal en rubros como gastronomía, construcción y servicios generales. Para el período 2025/2026, el Gobierno estima que unas 5.800 firmas podrían adherir y generar alrededor de 34.000 incorporaciones.
La reducción de aportes ya había sido utilizada en años anteriores con esquemas similares. En 2021, la Resolución General Conjunta 5083/2021 estableció rebajas del 95% para la contratación de mujeres, personas travesti, transexuales, transgénero o con discapacidad, y del 90% para varones, siempre que los trabajadores provinieran de programas de empleo. En ese caso, el beneficio también duraba 12 meses y exigía inscripción previa en el Portal Empleo.
Más recientemente, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral incluido en la reforma tratada por el Congreso planteaba bajar las contribuciones patronales del 27% al 15% durante 48 meses para nuevas relaciones laborales, lo que, según estimaciones privadas, llevaría la carga laboral total del 44% al 32% del salario bruto. El ministro de Economía, Luis Caputo, había destacado que esa medida implicaba una baja del 85% en las cargas para los nuevos empleos.
Los empleadores que hayan contratado personal bajo el programa Puente al Empleo entre el 1 de octubre de 2024 y la entrada en vigencia de la reglamentación deberán presentar declaraciones juradas rectificativas entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre de 2025 para adecuar el pago de aportes.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca dar previsibilidad a las empresas para que incorporen trabajadores y, al mismo tiempo, cerrar la puerta a maniobras que desvirtúen el espíritu del programa. La apuesta oficial es que la baja del costo laboral, combinada con la intermediación de los programas de empleo, acelere la creación de puestos registrados en el sector privado.
