Mientras el Gobierno busca en el exterior inversores interesados en operar el puerto de Buenos Aires a partir del 2020, los gremios más importantes del sector salieron a limitar el objetivo oficial y condicionan el éxito de la licitación a que el próximo concesionario sostenga la totalidad de los puestos de trabajo.
Se trata de casi 2000 trabajadores que realizan diferentes actividades y cumplen funciones en las cinco terminales que hoy prestan servicios en la zona portuaria porteña.
Para hacer saber su posición los germios agrupados en la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval mantuvieron este miércoles pasado una reunión en la sede de la Administración General de Puertos (AGP) con funcionarios del organismo que dirige Gonzalo Mórtola y con integrantes del Ministerio de Transporte de la Nación.
En el encuentro, se repasó el contenido del proceso licitatorio que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial bajo el título de “Plan de Modernización del Puerto Buenos Aires” y con el que busca entregar las operaciones de la terminal marítima porteña a un solo operador internacional que se hará cargo a partir de agosto del 2019.
Las obras estarán descriptas en los pliegos de la licitación que se conocerán durante esta jornada y comprenden obras que se extenderán a 50 años, a partir de una inversión pública y privada total de u$s1.910 millones.
En este contexto, durante el encuentro los gremios formularon varias observaciones al anteproyecto del pliego de licitación del Nuevo Puerto de Buenos Aires que fue publicado el 17 de diciembre pasado.
Al respecto, la entidades gremiales le plantearon a las autoridades de la AGP que el artículo 19 de la iniciativa contemple la inclusión de la totalidad de los trabajadores representados por los sindicatos que se encuentran prestando servicios a la fecha en cualquiera de las terminales, incluyendo además a los empleados tercerizados.
Según los pliegos, el artículo mencinado por los sindicatos se refiere a la responsabilidad del personal y sostiene que el adjudicatario de la concesión deberá contar con personal idóneo y suficiente para garantizar los estándares de servicios exigidos en el pliego.
Además, lo obliga a asumirtodos los compromisos que puedan derivarse de la aplicación de ese articulado y deja al Estado Nacional y a la AGP afuera de cualquier responsabilidad como empleadores. Y deposita también en manos del concesionario “las consecuencias económicas” de eventuales problemas laborales.
En este sentido, los gremios elaboraron un acta luego de la reunión en la AGP en la cual reclaman que los convenios laborales celebrados con las actuales empresas concesionarias y el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 441/06 “sean la base convencional para regular las relaciones laborales con el futuro grupo adjudicatario”.
Solicitan además que a partir del momento de la adjudicación, el concesionario no podrá efectuar despidos por un período de 24 meses “en aras de la paz social”.
Al respecto, los funcionarios de la AGP que participaron del encuentro se comprometieron a darle tratamiento a los reclamos gremiales de manera previa a la publicación del proyecto definitivo de licitación del puerto porteño.
Sin embargo, actualmente subsiste un conflicto latente que podría derivar en impensadas consecuencias para el futuro de la concesión si es que no se resuelve de manera inmediata.
Se trata de la disputa entre Terminales Río de la Plata (TRP), a cargo de las áreas 1,2 y 3 y uno de sus proveedores como es Terminal 7 (T7) y por el cual la sociedad controlada por Dubai Ports World (DPW) y la empresa local Alfredo Román adeuda cerca de $2.5 millones por servicios al 30 de octubre y otros $25 millones por pasivos de eventuales despidos producto del cierre de la empresa.
Si el problema subsiste es probable que Terminal 7 deba ir a la quiebra con la imposibilidad de pagar sus deudas y los salarios a su personal con el que viene cumpliendo hasta ahora a pesar de no concretar operaciones desde octubre pasado.
El conflicto se inició debido a que TRP decidió finalizar la relación comercial con Terminal 7 luego de casi 20 años en los cuales esta compañía le ofreció servicios de manera exclusiva.
La medida, tomada en octubre pasado, provocó el desfinanciamiento y el cese de las actividades de la empresa proveedora y ahora promete escalar en el conflicto a partir de una amenaza del gremio de Camioneros de bloquear los accesos a la terminal portuaria en solidaridad con los trabajadores afectados que son además afiliados al sindicato que conduce Pablo Moyano.
Si la situación se agrava, varios de los potenciales inversores ya avisaron que se trataría de una mala señal para el proceso de licitación que hasta podría verse paralizado.
Una de las propuestas se vincula con la posibilidad de que la compañía mude sus operaciones a un predio ubicado en el relleno de la Terminal 6. La idea es que se firme un contrato por dos años que le permita a esta compañía mantenerse activa y ofreciendo sus servicios de manera libre a todos los operadores.
En la actualidad, el predio ocupado por la firma es propiedad del grupo desarrollador IRSA quien esta en contacto directo con T7 y su contrato finaliza el 31 de mayo del año próximo. Es más, los fondos reclamados por Terminal 7 servirían para asegurar la continuidad de la sociedad por garantías de arrendamiento de la zona.
Más que nada entre los grandes grupos extranjeros que podrían tener cierto interés de participar en un proceso con este grado de conflictividad y que ya de por sí ofrece una gran cantidad de reparos por la elaboración de sus pliegos y el riesgo que implica la creación de un monopolio a cargo de todas las actividades del puerto más importante de la Argentina.
