El conflicto judicial se intensifica y podría escalar hasta la Corte Suprema, mientras el Ejecutivo impulsa la continuidad del magistrado Víctor Pesino en su cargo.
La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este lunes un escrito ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para apartar a los camaristas Víctor Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII que el pasado 23 de abril revirtieron la cautelar que frenaba la aplicación de la Ley 27.802 de reforma laboral. Con esa decisión, la normativa volvió a tener plena vigencia tras haber sido suspendida por un fallo de primera instancia.
La central obrera sostiene que la resolución carece de fundamentos y plantea su nulidad absoluta. El eje de la denuncia apunta a un posible “beneficio de importancia” recibido por Pesino: apenas un día después de su voto favorable a la reforma, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial el inicio del trámite para extender su mandato más allá de los 75 años, edad límite fijada por la Constitución. Para la CGT, este hecho configura un claro intercambio de favores entre el magistrado y el Poder Ejecutivo.
El planteo también alcanza a la jueza González, a quien se le atribuye prejuzgamiento por haber considerado en su fallo que los trabajadores no constituyen un sector socialmente vulnerable ni sus derechos tienen carácter alimentario. Según la CGT, esa afirmación adelanta criterio sobre el fondo del asunto y contradice precedentes del propio tribunal.
Además, la central sindical cuestiona la competencia de la Sala VIII, argumentando que por el principio de prevención el caso debía ser resuelto por la Sala I, que ya había intervenido en expedientes conexos. La CGT denuncia que la Sala VIII actuó “con premura”, sin dar traslado de la queja y sin permitir plantear la inhibitoria correspondiente.
El conflicto no se limita al terreno judicial. La CGT anunció una movilización a Plaza de Mayo el próximo 30 de abril para defender el trabajo y rechazar la reforma, que introduce cambios regresivos en materia de indemnizaciones, derecho de huelga, representación colectiva y definición de servicios esenciales.
La central obrera también dejó planteada la posibilidad de acudir a instancias internacionales, como la OIT y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en caso de que la Justicia local no revierta el fallo.
La disputa por la reforma laboral se ha convertido en un choque frontal entre el Gobierno y la CGT, con la Justicia en el centro de la controversia. La recusación de los jueces Pesino y González abre un nuevo capítulo que podría definir no solo la vigencia de la ley, sino también la credibilidad del sistema judicial en un contexto de alta tensión política y sindical.
