En el marco del conflicto entre Camioneros y el Gobierno de la Ciudad.
La Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF) manifestó su repudió a las denuncias penales por extorsión, presentadas por el diputado porteño Facundo Del Gaiso en contra de Pablo Moyano, Secretario General de Camioneros, en el marco del conflicto por la recolección de basura en la ciudad de Buenos Aires que llevan adelante con el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien pretende municipalizar a 300 trabajadores choferes de grúas nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo del gremio.
«La acusación de extorsión en el contexto de una medida de trabajo a reglamento es una interpretación errónea y dañina de la naturaleza de las acciones sindicales», remarcó un documento de la Federación.
La entidad afirmó que los «recolectores de residuos, al adoptar medidas sindicales, ejercen su derecho a protestar de manera pacífica y ordenada, buscando llamar la atención sobre sus demandas legítimas».
«Esta acción es una manifestación de su descontento y un intento de iniciar un diálogo con los empleadores para mejorar su situación», recalcó
Edgar Díaz, Secretario Regional de la Federación, sostuvo que la denuncia penal por extorsión del diputado de la coalición cívica en contra de Pablo Moyano «representa un grave atentado contra los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras».
A su vez, señaló que «la criminalización de las medidas de protesta de los gremios es un hecho alarmante, ya que puede constituir un avance peligroso hacia la persecución y al totalitarismo”.
Asimismo, Díaz reconoció la importancia histórica de los derechos a la protesta y a la huelga, ya que “son piedras angulares de la democracia y de las relaciones laborales justas, protegidas por la Constitución Nacional Argentina en su artículo 14bis, así como por la Ley de Asociaciones Sindicales y la Ley de Contrato de Trabajo».
En este sentido, afirmó que «estos derechos son herramientas legítimas que los trabajadores y trabajadoras utilizan para negociar mejores condiciones laborales y defender sus derechos».
La ITF advirtió que la denuncia contra Moyano «no solo desvirtúa la esencia de las acciones sindicales, sino que también ignora el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, así como los convenios fundamentales de la OIT que la República Argentina ha ratificado, en particular el C87 sobre libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) y el C98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949)».
Además, explicó que estos convenios «establecen claramente el derecho de los trabajadores y trabajadoras a organizarse, protestar y negociar colectivamente sin temor a represalias o criminalización».
«Es imperativo defender y proteger los derechos de los trabajadores a organizarse, protestar y negociar colectivamente sin temor a represalias. Solo así podremos construir una sociedad más justa y equitativa, donde los derechos laborales sean verdaderamente respetados y promovidos», sentenció.
