La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dispuso que Radio y Televisión Argentina (RTA), empresa que administra Radio Nacional, convoque nuevamente a las organizaciones sindicales para discutir salarios. El fallo, que revoca una decisión de primera instancia, marca un hito en la defensa de la negociación colectiva y abre la puerta a reclamos similares en otros sectores estatales.
La resolución judicial llega después de un extenso período en el que los trabajadores de Radio Nacional permanecieron sin acuerdos salariales formales. Desde septiembre de 2024, la empresa estatal había otorgado aumentos unilaterales de apenas entre el 1% y el 1,5%, sin convocar a paritarias ni abrir instancias de diálogo con los gremios. Esta situación, según la Cámara, generaba un deterioro sostenido del poder adquisitivo y justificaba la adopción de una medida cautelar para evitar daños irreparables.
El fallo fue resultado de una presentación realizada por siete sindicatos del sector de las comunicaciones, entre ellos la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC), el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCO), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y el Sindicato de Prensa Rosario (SPR). Los representantes legales de las organizaciones destacaron que la decisión obliga a la empresa a sentarse a negociar con funcionarios que tengan capacidad real de formular propuestas y firmar acuerdos, lo que hasta ahora no ocurría.
La Cámara subrayó que el deber de negociar de buena fe no se cumple con la mera presencia en las audiencias, sino que exige una participación activa y con poder de decisión. En las reuniones previas, los delegados de la empresa habían manifestado que dependían de autorizaciones externas para avanzar en cualquier oferta, lo que en la práctica bloqueaba el proceso de negociación.
El impacto del fallo trasciende a Radio Nacional. Para los gremios, la resolución abre un camino judicial para otros sectores del Estado donde los salarios permanecen congelados o se actualizan de manera unilateral, sin respetar los mecanismos de negociación colectiva. En ese sentido, la medida refuerza el carácter constitucional del derecho a la negociación y recuerda que el Estado, en su rol de empleador, debe cumplir con los estándares de buena fe previstos en la legislación laboral y en convenios internacionales ratificados por la Argentina.
La cautelar se mantendrá vigente hasta que se resuelva el fondo del conflicto, pero desde ahora obliga a la empresa a convocar y participar de negociaciones efectivas. En caso de incumplimiento, la Justicia advirtió que podrían aplicarse sanciones económicas. Para los trabajadores, se trata de un paso fundamental en la defensa de sus derechos y un antecedente que podría replicarse en otros organismos públicos.