No solo todo el transporte de mercancías e hidrocarburos a nivel nacional se encuentra interrumpido desde las 23 de ayer y hasta la medianoche del jueves, sino que además, al adherir a la acción gremial el personal que opera los remolcadores que permiten la entrada y salida de buques en todas las terminales portuarias nacionales, ninguna nave extranjera que haya finalizado su carga podrá zarpar. Asimismo, las naves en condiciones de tomar puerto deberán fondear en la rada exterior de los mismos y no podrán operar.
La sorpresiva medida de fuerza fue notificada a los trabajadores a las 17 de este miércoles, fuera del horario administrativo de la Secretaría de Trabajo, por lo cual no fue posible dictar la tradicional conciliación obligatoria. Fuentes de la cartera laboral, no obstante, descartan que se dicte durante el día de mañana.
El origen del conflicto
Si bien tanto la Secretaría de Trabajo, el Ministerio de Transporte y hasta el propio Presidente de la Nación han tomado intervención en el tema, las diferencias «irreconciliables» que se mantienen con la mayoría de las entidades sindicales radican en la pretensión gubernamental de promover la revisión de los convenios laborales del sector a cambio de conceder algún porcentaje mayor de incremento salarial.
Solo un gremio, el Centro de Capitanes de Ultramar, se ha mostrado hasta el presente en total sintonía con la política de abaratamiento de costos y renunciamiento de derechos laborales para el sector: renegociaron su convenio salarial en condiciones decididamente «a la baja» y no adhirieron a ninguna de las medidas de fuerza decretadas por los demás sindicatos.
Una novedad que causa preocupación entre empresarios y autoridades es la decisión gremial de afectar al paro no solo a los buques surtos en puerto, sino además a los navíos que se encuentran navegando o realizando maniobras de transferencia de carga en medio del agua. Para todo ellos se ha ordenado la detención de sus motores luego que las naves hubieran fondeado (bajar las anclas en medio del mar o de un río) en lugar seguro y aguardar instrucciones.
La versión de los empresarios
Consultada por Infobae, una de las principales entidades empresarias navieras brindó el siguiente resumen de la situación: «Hasta el presente hemos firmados dos Convenios salariales uno en abril 2018 y otro en marzo 2019. Uno solamente con el Gremio de los Capitanes de Ultramar por un 54.82% pero con modificaciones a los Convenios en las que renuncian a algunas conquistas, lo que contribuyó a equilibrar las cuentas. El otro convenio fue exclusivamente para el SOMU (el Sindicato hoy liderado por Raúl Durdos en reemplazo de Caballo Suárez) En este caso la mejor fue del 37,5%, no habiendo aceptado el SOMU ninguna modificación. El resto de gremios no firmó ninguno de los dos pero por escala recibió el 37.5%, pero como la Marina Mercante es una actividad con un rígido escalafón, recibieron de facto el mismo aumento que el que se otorgó a los marineros para no alterar la escala salarial».
Entretanto, desde la Federación de Empresas Navieras (FENA) completaron: «Ahora reclaman una suma mayor equivalente a la inflación de los últimos tres meses. Tienen unos convenios donde trabajan prácticamente menos de seis meses y cobran trece sueldos. Los feriados se pagan triples. Reciben pagos extras por tareas que en cualquier marina mercante son parte del trabajo. Los tripulantes de remolcadores de puerto se van a dormir a la casa después de la jornada de trabajo».
Una fuente de la Cámara Naviera Argentina sostuvo: «Cuando el Gobierno les dice que los abusivos convenios actualmente en vigencia fueron obtenidos bajo extorsión del ex dirigente gremial Omar ‘Caballo’ Suárez y connivencia del gobierno kirchnerista, se quedan sin respuesta, ya que los mismos son insostenibles».
La opinión del presidente Macri
Hace algunas semanas, durante la cena de CIPPEC, el propio Mauricio Macri fustigó duramente a los gremialistas del sector marítimo: los culpó de los altos costos que tiene la operatoria fluvial y marítima en el país. Las opiniones en este sentido son divergentes, ya que reiteradamente se ha sostenido que cualquier baja de costos que se le origine a una naviera extranjera beneficia solo al dueño del buque, ya que hasta el presente no se ha vislumbrado ninguna baja en las tarifas de los fletes que paga el país ya que el valor de los mismos se fija en base a parámetros que no se manejan a nivel local.
Los gremialistas dicen que el Gobierno debe hacer su aporte y eximirlos de Ganancias. El elevado valor de los salarios que perciben hace que la mayoría de los tripulantes, aún en las jerarquías más bajas, deba pagar el 35% de alícuota.
En tanto, los armadores más duros sostienen: «La marina mercante está destruida al punto de casi no tener ya buques en la bandera nacional, pero muchos de estos gremios y sus dirigentes viven de la obra social donde tienen miles de afiliados de otras actividades y funcionan como verdaderos prestadores de salud, aunque no tengan un solo afiliado navegando. Son sindicatos ricos y poderosos con sedes fabulosas, hoteles y centros recreativos y con sus propios afiliados desocupados porque esa política gremial destruyó sus fuentes de trabajo. En el ámbito fluvial por ejemplo, todas las inversiones van a la bandera paraguaya o boliviana que presenta muchas más ventajas en cuanto a costos de operación. En el presente la flota paraguaya es la tercera en cantidad de naves fluviales del mundo. Mientras que Argentina soporta la mayor parte del mantenimiento de la Hidrovía Paraná Paraguay, el 90% del tráfico lo realiza el país vecino».
En los meses previos a las elecciones presidenciales de 2015, el hoy ministro Guillermo Dietrich supo tejer una muy buena relación con todos los gremios del transporte marítimo. Incluso las ex autoridades del SOMU eran frecuentemente consultadas por quienes luego se hicieron cargo de la Subsecretaria de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, pero a lo largo de la gestión el vínculo se resintió. Al decir de los gremialistas, esto ocurrió por incumplimiento de todas las promesas para el sector. En este aspecto muchos empresarios han venido sosteniendo que las políticas gubernamentales en materia de transporte marítimo no son las adecuadas. Así las cosas, la protesta costará al país varias decenas de millones de dólares.
